En la previa a la sesión del Concejo Deliberante de Mar Chiquita donde se tratará la Rendición de Cuentas 2024, la oposición adelantó que presentará "varias cuestiones que llamaron poderosamente la atención, como la aparición de funcionarios en el Registro de Proveedores de la comuna: "En principio, podría haber incompatibilidad, que es un impedimento legal para realizar simultáneamente al desempeño de la función pública".

En este caso, se hizo foco en el caso de la Jueza de Faltas de Mar Chiquita, la Dra. Jorgelina Torrilla, quien se desempeña, en distintos cargos en la comuna, desde hace muchos años. Según la documentación obtenida del Sistema RAFAM, la funcionara figura en el Registro de Proveedores bajo el número 2.369.

No es la primera vez que la abogada queda en medio de la polémica. El 12 de abril del 2021, el exintendente Jorge Paredi firmó el Decreto N° 642/2021 por el que, atento el caudal de actuaciones en trámite ante el Juzgado de Faltas Municipal, y la imposibilidad de intervenir en cada una de las resoluciones que la función requiere, delegó en la Dirección de Asuntos Legales el dictado de todas las resoluciones relativas al Juzgado de Faltas, reservando únicamente el dictado de las resoluciones definitivas en el Intendente Municipal.

Posteriormente, 22 de septiembre de 2021, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 89/2021, promulgada por Decreto N° 1589/2021 del Ejecutivo, por la cual se autoriza al Intendente a designar a la Dra. Jorgelina Torrilla en el cargo de Jueza de Faltas Municipal.

Cinco días después, Paredi dictó el Decreto Nº 1602/2021, en el que designó a Torrilla a cargo del Juzgado de Faltas desde el 1 de octubre de ese año y aprovechó, a través del Decreto Nº 1603/2021, a modificar los términos de la designación de la abogada como Directora de Asuntos Legales, estableciendo que a partir del 01/10/2021, el cargo lo ejercería ad honorem.

“En función a lo expuesto, y atento a que ambos cargos no pueden ser desempeñados por una misma persona, la División Relatora formuló concreta observación por infracción a la Ley N° 8751/1977, con las consecuencias previstas en los artículos 241/244 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 16 de la Ley N° 10869 y sus modificatorias”, se “corrió traslado, con sustento en el marco normativo indicado en el Resultando XVIII de la presente Resolución, a los siguientes funcionarios: Intendente Municipal, Jorge Alberto PAREDI y Directora de Asuntos Legales, Jorgelina TORRILLA”, indicó un fallo del Honorable Tribunal de Cuenta de la Provincia de Buenos Aires.