Hace algunos días atrás se llevó a cabo en el "Espacio COVA" del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires -Distrito 9- ubicado en la calle Funes entre Bolívar y Colón de la ciudad de Mar del Plata, un encuentro interinstitucional, con el objeto de abordar distintos ejes relacionados al "Derecho a la Ciudad".

Del mismo, participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de las Facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y de Humanidades, de Mar del Plata Entre Todos, integrantes de diversos colegios profesionales, colectivos de personas con discapacidad, agrupaciones vecinales, y otras organizaciones sociales y ambientales del territorio. Entre ese cúmulo de asistentes estuvo presente una comitiva de vecinos, vecinas profesionales de la arquitectura y organizaciones del partido de Mar Chiquita.

En la jornada se plantearon cuestiones relacionadas a la temática del encuentro y en ese contexto se manifestó la preocupación de los habitantes del partido por la irregular aprobación del Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial por parte del municipio.

El encuentro sobre "Derecho a la Ciudad"

La actividad, fue Organizada por el Consejo Directivo del Colegio Profesional de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito-9 (CAPBA-9), y propuso abordar cuestiones relacionadas al "Derecho a la Ciudad", definiendo sus alcances y destacando la importancia del mismo y de los instrumentos que sirven de base a su efectiva implementación, en las políticas de Ordenamiento Ambiental Territorial y otras de Acceso Justo al Hábitat.

Se hizo foco en las tensiones que se presentan entre las relaciones de poder sobre el uso del suelo y en la necesidad de nivelar las desigualdades y la actividad meramente especulativa, cuando prima la lógica del capital y la economía por sobre la dimensión social y los derechos de la ciudadanía. Y en ese marco también, se destacaron las herramientas que tiene la población para ejercer y reclamar plenamente por este derecho aportando así a la construcción colectiva de la ciudad, fortaleciendo el diálogo político, y especialmente se apeló al involucramiento profesional y de los distintos sectores de la sociedad de manera socialmente responsable en la definición de políticas territoriales para asegurar el respeto de la garantía del “derecho a la ciudad”, y en definitiva, el bien común.

Una jornada con gran participación, nutrida de diálogo, y con distintas voces y miradas

La actividad inició con la exposición de apertura a cargo del titular de la entidad profesional anfitriona, Arq. Diego Domingorena; siguiendo luego las exposiciones de la Dra. Soledad Arenaza, Asesora Legal del Instituto de Hábitat y Territorio, CAPBA 9; Graciela Ramundo, Secretaria General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Regional General Pueyrredon; Arq. Eduardo Oxarango, Secretario de Planeamiento Arquitectónico de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Rodrigo Blanco, abogado, Secretario General de Libres del Sur en General Pueyrredon y Director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana local (ISEPCI); Micaela Comesaña, socióloga becaria del CONICET; Arq. Francisco Olivo, Decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: Arq. Silvia Borrilli, Coordinadora del Área de Hábitat y Vivienda del instituto de Hábitat y Territorio del Colegio; Alejandra Cormons, Directora Ejecutiva de Mar del Plata Entre Todos; Gonzalo Vergés abogado integrante de la Organización MAR, y Daniel Barragán, Defensor del Pueblo del Partido de General Pueyrredón.

Allí se pusieron en clave de contexto diversas cuestiones relativas a la garantía del ejercicio efectivo del "derecho a la ciudad", frente a diversas experiencias y casos locales y regionales, entre las que se mencionó la necesidad de avanzar en la creación del Consejo Local de Hábitat en el distrito de General Pueyrredon y se trajo a consideración también de parte del público presente y la comitiva marchiquitense la preocupación por la gestión irregular del suelo en Mar Chiquita y el procedimiento llevado a cabo para el recientemente aprobado Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial (COTA) donde se vulneró el "Derecho a la Ciudad" (dado que en especial en ese trámite se incumplieron las garantías y mecanismos de acceso a la información pública y participación ciudadana).

En la ocasión se abordaron también temáticas como la necesidad generalizada de instar a fortalecer las instancias de diálogo y la participación ciudadana desde diferentes espacios, y especialmente se trataron cuestiones vinculadas a problemáticas de distintos derechos relativos al suelo que día a día se ven afectados en la gestión urbana (tales como espacios verdes, playas públicas, régimen de las compensaciones y valorizaciones urbanas, etc).

Todo, desde diferentes miradas en un interesante y nutrido debate que fue moderado por parte de la Arq. Paula Suero, coordinadora del Instituto de Hábitat y Territorio del mismo Colegio Profesional Distrital.

El "Derecho a la Ciudad" como eje principal de la jornada y como derecho humano reconocido por las Naciones Unidas y la Información Pública y la Participación Ciudadana como herramientas y garantías para la instrumentación efectiva del "Derecho a la Ciudad" en las políticas de ordenamiento ambiental territorial

De acuerdo con la Organización Naciones Unidas: "el Derecho a la Ciudad” implica responsabilidades en todos los ámbitos de gobierno y ciudadanos para ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la función social de todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de derechos humanos.”

Y uno de los componentes básicos del "derecho a la ciudad" implica concebir “Una ciudad/asentamiento humano con una mayor participación política en la definición, ejecución, seguimiento y formulación de presupuestos de las políticas urbanas y la ordenación del territorio con el fin de reforzar la transparencia, la eficacia y la inclusión de la diversidad de los habitantes y de sus organizaciones.

Así, se expresó que de acuerdo a ONU-Hábitat, el "Derecho a la Ciudad" es el derecho que tienen todas las personas para habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Así este derecho -se dijo- se presenta o expresa mediante ocho principios fundamentales: 1) ciudades libres de discriminación; 2) ciudades con igualdad de género; 3) ciudades de ciudadanía inclusiva para todas las personas; 4) ciudades participativas; 5) ciudades accesibles y asequibles; 6) ciudades con espacios y servicios públicos de calidad; 7) ciudades con economías diversas e inclusivas, y 8) ciudades sostenibles con vínculos urbano-rurales.

En el encuentro se expuso también que diversos documentos contribuyen a entender el "Derecho a la Ciudad" como un elemento estructural para promover políticas de desarrollo urbano encaminadas a construir ciudades justas, democráticas y sostenibles. Entre ellos se destacan la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” -2005- y la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas - Hábitat III- que fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, realizada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016 (que es la guía global más importante que orienta de forma clara, cómo la urbanización bien planificada y gestionada puede ser una fuerza transformadora para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-

Y desde esas perspectivas se concibe al ordenamiento ambiental territorial (OAT) de una ciudad (en la denominación general del territorio de una localidad o de un partido) como un proceso complejo, en el cual intervienen y confluyen muchos actores, actrices e intereses diversos, y que el mismo resulta de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de las comunidades, por cuanto ello se encuentra íntimamente vinculado con las condiciones y calidad de vida de las personas.

El crecimiento urbanístico sin planificación ni control adecuados, impactan negativamente en el verdadero potencial de desarrollo y competitividad de dichas zonas y hasta puede afectar negativamente el desarrollo social y económico de las comunidades, especialmente en áreas con alto valor de patrimonio natural y cultural. En el mismo sentido el desconocimiento y la desinformación por parte de las propias comunidades y la mala administración de los gobiernos locales acerca de aspectos que resultan de gran potencialidad para el desarrollo local y estratégico territorial desde una perspectiva integral, atentan contra ese desarrollo integral, democrático, justo e inclusivo.

Por otra parte se mencionó que el desconocimiento de derechos como el "derecho a la ciudad" -y de los instrumentos políticos y sociales existentes para su correcta implementación- atenta contra esas premisas y resulta muchas veces un escenario propicio para la toma de decisiones arbitrarias y antidemocráticas en relación al territorio (y también muchas veces desacertadas, desde que mayormente esas prácticas implican el real desaprovechamiento común de oportunidades estratégicas y de bienes no renovables).

En ese contexto, se expuso que el derecho a participar en la toma de decisiones que hacen a la vida en la ciudad y al Ordenamiento Ambiental del Territorio es la expresión más palpable del "derecho a la ciudad".

Con el advenimiento del derecho ambiental este derecho se ve plasmado también en la normativa nacional e internacional de protección del derecho al ambiente y a la gestión participativa del mismo y sus recursos (conforme lo regulan la Constitución Nacional y la Constitución Provincial; los Tratados Internacionales vigentes como Escazú, y las disposiciones de diversas leyes en el orden nacional y provincial). Y se destacó además, que en la provincia de Buenos Aires la participación ciudadana constituye un requisito esencial del procedimiento de aprobación de los trámites de OAT (según lo establece la Ley de Uso del Suelo 8912/77 y conforme lo reconocen también la Ley de Hábitat 14449 y las demás normas complementarias y los acuerdos internacionales como Escazú).

En todo este conjunto de derechos y herramientas se expresan las garantías más elementales del Estado de Derecho, la Gobernanza Ambiental; y en la especie también, la garantía del “Derecho a la Ciudad”.

Pero en el encuentro se puso el foco también en que, pese a la plena vigencia de todas estas regulaciones de derechos y herramientas para asegurar el pleno ejercicio del Derecho a la Ciudad”, sucede que, sin embargo, como ciudadanos, la mayoría de las personas desconocen estos derechos y sus alcances, o bien sucede también que quienes los conocen, no gozan de autonomía real muchas veces para poder ejercerlos correctamente -o mejor dicho libremente y sin condicionamientos- con base en situaciones de exclusión y vulnerabilidad económica, cultural o social.

Y se puso énfasis en la tensión en las relaciones de poder y la reticencia de algunos gobiernos para aplicar normas y garantías que efectivicen la democratización de estos procesos, dando prevalencia a los intereses de grupos de poder económico por sobre los intereses del común.

En ese sentido, se destacó el rol del estado, las instituciones, los profesionales y la ciudadanía activa para reclamar, controlar y garantizar la existencia de mecanismos de información pública y la participación ciudadana ya que se los considera premisas e instrumentos fundamentales para garantizar el ejercicio efectivo por parte de las comunidades de los derechos civiles y políticos que permiten participar en la toma de decisiones relativas al ordenamiento ambiental del territorio, como la expresión significativa más básica del "Derecho a la Ciudad"

La coyuntura, los derechos y una invitación colectiva a comprometerse profesional y socialmente a respetar las normas, y a escuchar y dialogar para transformar la realidad

Ante un salón lleno, el presidente del Colegio Profesional de la Arquitectura distrital, Diego Domingorena, mencionó que el evento surgió “a raíz de la coyuntura que está sucediendo, con la pérdida indiscriminada de derechos..." El “derecho a la ciudad” dijo "... es como “la madre de los derechos” porque si uno piensa que una localidad donde se cumplen los derechos es una ciudad justa, inclusiva, más segura, sostenible y democrática, está prácticamente barrido todo."

Y mencionó que "acá hay una serie de, instituciones, organizaciones y actores sociales que nos pareció que tenían que estar porque este tema excede ampliamente la expertisse nuestra de arquitectos o de planificadores y justamente una ciudad participativa e inclusiva tiene que ver con la participación de todos los vecinos..."

Expresó que “tanto la Facultad, la Universidad, como los colegios profesionales -como en el caso del nuestro-, inclusive la comunidad responden a una lógica…” y que “la percepción de la gente de lo que está bien y lo que está mal en una ciudad responde todo a una lógica…” Y mencionó al respecto que “La usurpación o el mercantilismo a un espacio público la mayoría no lo ve como algo a criticar.” y que “Siempre está el ejemplo del Paseo costanero Sur, toda la parte que está alambrada sobre la ruta que la gente lo ve alambrado y no sabe que eso es público”, refiriendo a que “la Facultad y la Universidad hacen un esfuerzo para romper esa lógica; lo que pasa a que generalmente se responde a la demanda del mercado".

Y agregó: “En el Colegio también tenemos una ley colegial que nos sesga con el ejercicio liberal de la profesión…”, remarcando: "Entiendo que no hay que dejar librado al rol social que siente cada profesional sino que hay que ir por las normas. Las normas son las que regulan. No podemos dejar al libre albedrío de cada profesional o cada vecino o desarrollador lo que le parece que está bien. Tenemos que ir por las normas… “

Finalmente, Domingorena invitó a trabajar e involucrarse desde todos los sectores para acercar posiciones en la intención de construir consensos para la mejora del contexto, compartiendo con los y las presentes una reflexión personal: “la verdad que para mí es emocionante y es contra fáctico que estemos haciendo este intercambio cuando allá afuera la gente no se escucha, no se mira y no entiende lo que le pasa al otro”

Para cerrar, aludiendo a los temas tratados en la jornada, dijo: “Me quedo con una palabra: “escucharnos”... eso es un poco lo que nosotros buscamos desde el Colegio; no buscamos irritar y enojar al que no escucha, no queremos confrontar, queremos siempre intentar abrir el juego, que sea participativo y plantear cuáles son las herramientas para que algo sea virtuoso… La lógica amigo – enemigo es lo que nos llevó al punto de lo que estamos viviendo en el país… Más allá de quien nos gobierne o no, la sociedad está dividida, nos lograron enfrentar y que uno no escuche a los otros, que seguramente de los dos lados hay un poco de verdad, entonces yo creo que en este tema tiene que ocurrir lo mismo…”.