Las políticas migratorias en los países centrales de Europa tienden a endurecerse. O al menos en algunos de ellos.

Mientras el Gobierno de Emmanuel Macron en Francia presentó un proyecto de ley para endurecer las leyes de inmigración, con el objetivo de agilizar el proceso de deportación de extranjeros, considerados una amenaza al orden público, una reciente encuesta realizada en Alemania indica que casi dos tercios de la población quiere que se prohiba la inmigración procedente de países predominantemente musulmanes.

En tanto, los gobiernos británico y austriaco han firmado un nuevo acuerdo para colaborar más estrechamente en la lucha contra la inmigración, mientras Viena pretende establecer un sistema «al estilo de Ruanda» para tramitar las solicitudes de asilo.

Los principales puntos del proyecto de ley del gobierno francés apuntan a poder “expulsar del país con más rapidez a individuos que pudieran constituir una amenaza para el orden público”, así como “combatir con más eficacia las amenazas potenciales de residentes extranjeros, que no respeten los principios de la República o hayan violado la libertad personal, la libertad de expresión, y la igualdad entre hombres y mujeres”.

También se propone, según el texto, “castigar con mayor rapidez a los individuos, franceses o inmigrantes, que pretendan hacer prevalecer sus convicciones religiosas sobre las leyes de la República«, y “controlar de manera mucho más eficaz a los sospechosos de amenazas potenciales”.

De acuerdo al medio ABC, “los servicios de seguridad del Estado tienen fichadas a unas 20.000 personas, mayoritariamente franceses de distinta sensibilidad cultural y religiosa, sospechosas de radicalización potencialmente terrorista”.

En Francia, aseguran, “viven unos 410.000 inmigrantes sin papeles, beneficiándose de ayudas públicas, alimenticias y sanitarias. El proyecto de Ley se propone revisar y recortar, previsiblemente, esas ayudas, con el fin de «hacer menos atractivo el destino Francia».

En Alemania la situación no es muy distinta. Un sondeo, realizado por el instituto de encuestas Insa para el diario Bild, muestra que el 61% de los encuestados apoya que se detenga la inmigración procedente de naciones islámicas.

El informe indica que “muchos alemanes expresaron su preocupación por su seguridad y creen que los recién llegados albergan resentimiento hacia la sociedad occidental”. De acuerdo a los medios, “este sentimiento es compartido por todos los partidos políticos, excepto el Partido Verde alemán”.

Otro dato a tener en cuenta es que, según la encuesta, el 77% de los alemanes cree que cada vez hay más inmigrantes resentidos con la sociedad alemana y los valores occidentales. La encuesta refleja un cambio en la opinión pública respecto a la inmigración en Alemania, con más personas a favor de políticas más estrictas, así como la creciente popularidad del partido anti-inmigración masiva Alternativa para Alemania (AfD).

A todo esto, en el marco del acuerdo británico-austríaco, la ministro del Interior de Gran Bretaña declaró que su país y Austria «comparten retos para proteger nuestras fronteras, derrotar al extremismo y mantener a salvo a nuestra gente».

La nación austríaca busca un enfoque «al estilo Ruanda» para externalizar las solicitudes de asilo en colaboración con el Reino Unido. El Gobierno británico ha tenido la intención de procesar solicitudes de asilo en Ruanda previamente, pero esto fue declarado ilegal por los tribunales.

Austria planea establecer un sistema similar al de Ruanda, donde se procesarían las solicitudes de asilo en un tercer país antes de permitir el acceso a Europa. Este enfoque busca evitar que los solicitantes de asilo rechazados permanezcan en la Unión Europea. El Reino Unido ya había firmado un acuerdo similar con Ruanda, pero fue declarado ilegal el año pasado por el Tribunal de Apelación.

¿Qué significa un sistema “al estilo Ruanda”?

El Gobierno de Boris Johnson firmó, antes de la dimisión del primer ministro, un acuerdo para enviar a Ruanda demandantes de asilo que llegan a Reino Unido de forma irregular. El plan migratorio, conocido como operación Ruanda, ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, pero los dos países están decididos a llevarlo a cabo.

El acuerdo entre los dos países establece que Reino Unido pagará a Ruanda anualmente cerca de 144 millones de euros por acoger a los solicitantes de asilo cuyas peticiones no hayan sido estudiadas.

Sin embargo, se publicaron diversos informes de organizaciones de derechos humanos que dan cuenta que la situación en Ruanda es muy delicada. Desde malos tratos a torturas en centros de detenciones y arrestos arbitrarios, Human Rights Watch no recomienda este país como la mejor opción para los refugiados. La ONU añade que tampoco cuenta con las estructuras necesarias para procesar las solicitudes de asilo que recibe.

Qué pasa en Argentina

El 6 de marzo de 2021, el gobierno de Alberto Fernández dejó sin efecto el Decreto 70/2017, firmado en enero de 2017 por el entonces Presidente Mauricio Macri, mediante el cual se habían establecido controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.

¿Qué decía aquel decreto?

Básicamente establecía la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales, y aceleraba la expulsión de delincuentes extranjeros.

También se les negaba el acceso al país a los que estuviesen cumpliendo condena o tuvieran antecedentes “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.

El actual gobierno, con la firma de la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano y de todos los entonces ministros, emitió el Decreto de Migraciones 138/2021 que eliminaba el endurecimiento de los controles fijados durante la administración anterior de Cambiemos.

Datos. Entre 2016 y 2019 hubo 3.000 extranjeros deportados de la Argentina, el doble que durante el último mandato de Cristina Kirchner, donde hubo 1256.

No hay cifras oficiales sobre lo ocurrido durante el actual gobierno.

Cabe recordar que en marzo de 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, había declarado la “invalidez constitucional” del Decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones.

Y a mediados de 2022, el PRO presentó un proyecto de ley que buscaba expulsar del país a los extranjeros que cometieran delitos.